Severidades, Vejaciones y Apremios Ilegales

Cuando el Código Penal nos habla de torturas, lo hace refiriéndose a los tormentos. Esta última palabra se halla expresamente mencionada por la Constitución Nacional en su artículo 18 al declarar abolidos para siempre la pena de muerte por razones políticas, toda especie de tormentos y azotes. Torturar significa tormento, suplicio, padecimiento; el artículo 144 en su inciso 3° señala que el concepto de tortura comprende no sólo los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos cuando éstos tengan gravedad suficiente. La tortura se caracteriza por infligir dolor con el objeto de lograr una determinada declaración.

El inciso 2° del artículo 144 bis del Código Penal se refiere "al funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales"; en tanto que el inciso 3° contempla el caso del funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones o apremios ilegales. El término vejar significa tanto como maltratar, molestar, perseguir a uno, perjudicarle o hacerle padecer. No puede negarse que quien está condenado a cumplir una pena privativa de la libertad es objeto de padecimientos y mortificaciones. Pero el límite está determinado por las exigencias de la seguridad. Molinario dice que el conjunto de medidas penitenciales que existen en todos los establecimientos de detención, y que pueden ir desde la simple privación de recibir correspondencia hasta la detención en una celda distinta de las comunes, son los recursos perfectamente legales con los que se reprimen las infracciones de las normas disciplinarias. Se puede decir conforme a esto que las vejaciones pueden ser físicas o morales.

Los apremios ilegales, lo mismo que las torturas, tienen como fin que se haga o diga algo. Apremiar significa oprimir, someter, apretar u obligar a uno a que haga alguna cosa. Lo más frecuente es el empleo de esos medios para lograr alguna confesión y ello es siempre ilegal, ya que el artículo 18 del Texto Constitucional garantiza que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Las vejaciones y apremios ilegales pueden ser cometidos en la persona de cualquiera y no es conditio sinne cuanonn que sea cometido en los presos.

El Código sanciona el hecho de imponer severidades refiriéndose exclusivamente a los presos que el funcionario guarde. No parece dudoso que los presos pueden ser sometidos a los regímenes de mayor severidad previstos en las leyes y reglamentos carcelarios. Ballvé decía que las cárceles son lugares de fuerza donde el principio de autoridad debe estar rigurosamente impuesto. De modo que las severidades impuestas a los presos de acuerdo con lo que prescriben las normas no podrían ser nunca legítimas.

Vivimos en una sociedad regulada por un conjunto de Normas y Leyes que hacen al resguardo de los derechos y obligaciones de todos los habitantes sin hacer ningún tipo de distinción respecto a raza, credo, religión, etc. Si bien, es necesario un medio coercitivo para hacer respetar los reglamentos en este precario sistema carcelario, las cárceles deben ser para seguridad y no para castigo de los reos detenidos allí como dice nuestra Carta Magna. No se critica el hecho de que el Servicio Penitenciario tenga que resguardar el orden y actuar ante el comportamiento agresivo o evasivo de algunos presos, ya que en estos casos, sí estaría actuando conforme al reglamento carcelario.

Pero la falta de un organismo de control sobre el Servicio Penitenciario hace que muchas veces las represiones que de ésta emanan, en lugar de ser un medio de coacción legitimada, pase a ser una conducta típica (conducta legislada como prohibida y que se adecua a un tipo penal) que nadie denuncia, ya que alrededor del 80% de los privados de su libertad desconocen cuáles son sus derechos y creen que pueden ser golpeados innecesariamente con bastones mientras se encuentran esposados con las manos a la espalda.

Comprobado está que la violencia engendra violencia y no conduce a nada. El sistema como tal, colabora a que muchas personas detenidas cuando recuperan la libertad salgan al mundo llenos de odio y rencor, es muy comprensible todo esto. No se les puede exigir que actúen conforme a la ley, respetando los derechos de sus pares si a ellos mismos no se les respetaron sus derechos.

El estado es responsable de los daños mentales que en su mayor o menor grado hayan provocado los maltratos físicos y psicológicos producidos durante el tiempo de detención; es muy difícil que alguien que ha pasado por este tipo de situación (llamado por el Servicio Penitenciario Federal tratamiento 1 y 2 que colaboran a la resocialización del interno), al recuperar la libertad se dedique a su familia, a trabajar honradamente y sea un excelente ciudadano.

En lugares como el Complejo Penitenciario Federal 1 - Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz, los internos son tratados como basuras perdiéndose en su totalidad el factor humano. En Ezeiza existen los llamados, por el Servicio Penitenciario, presos privilegiados pero la única diferencia entre éstos y los demás internos es que en su momento hubo gente (profesores de la U.B.A.) que se dedicaron a enseñarles sin importar su condición y que hubo presos que hicieron lo posible por lograr un espacio dentro del ámbito carcelario, en donde aprendieron a hacer respetar sus derechos; lo cual es la única condición de "privilegio", si se lo puede llamar así, porque en realidad es solo una alternativa que tiene un privado de su libertad para poder construir un futuro con oportunidades.

Claudio

Bibliografía consultada:
Manual de Derecho Penal. Ledesma y Fontán Balestra. Pág. 347

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