Qué significa que los autos, decretos y ordenes de los magistrados deben ser fundados

 

Así ello respeto a la LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO que es un pilar básico de cualquier ESTADO DE DERECHO es que los Magistrados deben fundar y motivar debidamente cuando emiten un Auto, Decreto y/o orden de detención o allanamiento de morada

Cuando el Art., 123. Del Código de Procedimiento Procesal Penal de La Nación, establece "EL PRINCIPIO DE QUE LOS AUTOS DEBEN SER MOTIVADOS, bajo PENA DE NULIDAD", se está significando la exigencia de explicar las razones fácticas que determinan el dispositivo

De otro modo la garantía constitucional devendría vacía y quedaría exclusivamente en manos de los auxiliares de la justicia determinar en qué casos efectivamente debe operar.

La Constitución Nacional, impone la Inviolabilidad de la Defensa en Juicio, de la Persona y de sus Derechos. Se trata del respeto y reconocimiento de todos los derechos. Los Explícitos e Implícitos, que amparados están a su sombra por la inviolabilidad.

Este paradigma campea en todas las etapas del proceso, desde su iniciación hasta su culminación. Es a partir del INICIO DE LA INVESTIGACIÓN y durante la preparación del denominado juicio previo, que comienza a estructurarse y ligarse esta garantía constitucional.

En lo que aquí interesa debe señalarse que en la etapa de investigación los funcionarios policiales abocados a la misma trasmiten datos o informes cuya realidad debe tener asidero y verosimilitud.

Estos datos o informes que trasmiten con motivo de su accionar son de fundamental importancia pues contribuyen a que tanto el Juez como el Fiscal, receptores de la NOTICIA CRÍMENES, no pueden ser INDUCIDOS a error en ocasión de decidir y propiciar medidas de coerción real contra el sospechado de conducta disvaliosa.

En efecto el muy elevado interés en la persecución de parte de la comunidad jurídica, no legitima directamente cualquier intervención en los derechos de un ciudadano denunciado como sospechoso, de un presunto obrar ilícito, máxime si ese ciudadano goza del estado de inocencia.

En el artículo 122 del código adjetivo prescribe que las decisiones del Tribunal sean dadas por sentencia, auto o decreto.

Sentencia es la decisión judicial que resolviendo sobre el fondo del asunto, pone fin al proceso.

Los autos o sentencias interlocutorias, son aquellos que resuelven fundadamente sobre propuestas de las partes, a quienes se las ha escuchado previamente o se les ha otorgado la posibilidad de hacerlo -comprenden los incidentes-, y sobre los artículos, que se refieren a toda cuestión o situación importante para el desarrollo ulterior del proceso, aún dictados de oficio (como por ejemplo el auto de procesamiento y el auto que dispone el libramiento de una orden de allanamiento).

Por ultimo, el decreto o providencia, es la resolución emitida por el órgano judicial a los fines del normal desenvolvimiento del proceso y que, conjuntamente con los autos, impulsa a aquel hacia un pronunciamiento definitivo, tratándose de resoluciones de mero trámite que tienden a promover los actos de dirección, ordenación, incorporación y comunicación dentro del proceso.

Esta clase de actos jurisdiccionales reviste naturaleza eminentemente administrativa, por Ej. La agregación de un escrito o la convocatoria de un testigo

Que al estatuir el art.123 del citado plexo legal, que las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad, impone al juzgador el deber de consignar por escrito, aun someramente, las razones que justifica el juicio lógico que su resolución contiene.

Tal exigencia responde al propósito de que la sociedad pueda controlar así las conductas de quienes administran justicia en su nombre, y de que los interesados conozcan los fundamentos que han determinado la decisión judicial, incluso para interponer los recursos que la ley les concede

Resulta una garantía no solo para el acusado, sino que lo es para el estado, en cuanto asegura la recta administración de justicia. Nuestra C.S.J.N., ha decidido que: "... A la condición de los órganos para aplicar el derecho, va entrañablemente unida la obligación de los jueces de fundar sus sentencias, para acreditar que son derivación razonada del derecho vigente y no producto de la voluntad individual..." y que dicha exigencia se cubre con seriedad de los fundamentos, pues reconoce raíz constitucional (fallos: 297:362: E.D. del 08/02/93, f.44.795)

Ello así, si se omitieran tales recaudos, se incurrirían en una causal de arbitrariedad, de tal manera que, aunque mínimamente, deben expresarse las razones por las que se arriba a una consecuencia.(C.S., E.D., t.147, pag.101 f.44.230, cons.11).

Así queda expuesto, con meridiana claridad, que SI AL PRONUNCIAMIENTO DEL MAGISTRADO LE FALTA O CARECE DE LA SUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN, Y APARECE COMO UNA MERA APRECIACIÓN SUBJETIVA DEL PROVEYENTE, LA CONSECUENCIA LÓGICA ES EL JUICIO DE NULIDAD DEL MISMO LA QUE DEVENDRÁ ABSOLUTA, NO SUBSANABLE Y DECLARABLE DE OFICIO, POR IMPLICAR UNA VIOLACIÓN A LA NORMA CONSTITUCIONAL DE REFERENCIA, Y QUE HARÁ NULOS TODOS LOS ACTOS CONSECUTIVOS QUE DE EL DEPENDAN (art.168, 2do. Párrafo y 172, 1er.párr. del C.P.P.N.).

Que en concordancia con estos principios rectores, vertidos en lo que antecede, el Art. 224del C.P.P.N.. dispone que si hubiere motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el Juez ordenara, por auto fundado, el registro de ese lugar.

Ello así la exigencia de auto fundado no se cumple con la simple remisión a los requerimientos de un organismo policial expuesto en una nota, sino volcando en el decisorio respectivo, los fundamentos y los motivos que hacen al acto jurisdiccional, como derivación razonada del derecho vigente y como expresión del cabal funcionamiento del estado de derecho y la incolumnidad de una de las mas preciadas garantías individuales

Conforme lo señalado NO BASTA LA SOLA FIRMA DE UN MAGISTRADO, para que el auto, decreto o providencia conlleve la necesaria y obligatoria motivación que la ley exige.

Vemos que así la ley lo manifiesta expresa y rotundamente, pero sorpresivamente vemos que estas resoluciones no son en la mayoría de los casos puesta en practica por los magistrados, ya que normalmente en el 70 % aproximadamente los Magistrados se apartan de la justa aplicación del derecho y emiten sus autos, decretos o providencias y sentencias sin la debida fundamentación requerida por el Ritual

Y así solo fundamentan sus Resoluciones y/o sentencias en meras sospechas policiales y así solo con fundamentación aparente solo producto de la Intima Convicción los señores Magistrados (algo que esta expresamente prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, ya que el mismo prevé LA LIBRE CONVICCION basada en LA SANA CRITICA JUDICIAL y lejos están de aplicar lo que la ley manda), ello así, fundamentan sus resoluciones, apartándose lisa y llanamente de justa aplicación del derecho, violando nuestra Constitución Nacional, y produciendo un Estado de Inseguridad Jurídica a la población toda, algo típico de un Estado Gendarme, lejos del Estado de Derecho que vivimos.

Rodolfo

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